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Nuevas Leyes para Proteger Estudiantes Indocumentados en California

El gobernador de California, Jerry Brown, aprobó varias leyes que protegen a los estudiantes en el estado de California de las acciones de los agentes de ICE.

La primera ley es la AB-21 que protege a los estudiantes indocumentados para que puedan seguir accediendo a la educación sin importar su estatus migratorio.

Esta nueva ley también dice que los centros públicos de educación superior de California, no deberán divulgar información de los estudiantes, y además deberán  restringir el acceso al campus sin previo aviso de agentes de ICE y ayudar a los estudiantes afectados por las políticas federales de inmigración, e incluso brindarles asesoría legal.

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La segunda ley es la AB-343 que protege a los estudiantes inmigrantes con estatus de refugiados que provienen de países como Afganistán, Irak y Siria. Ellos pagarán el mismo costo de matrícula que el resto de los estudiantes, y tendrán derecho a programas para aprender el idioma inglés y otras habilidades necesarias para su integración con la sociedad americana.

La tercera ley es la AB-699 prohíbe recopilar información sobre el estatus migratorio de los alumnos o de sus familiares, además de prohibir el ingreso a las escuelas públicas a los agentes de ICE, que no cuenten con una orden judicial. También exige a los distritos escolares que tomen medidas para prevenir el acoso escolar debido al aparente o real estatus migratorio de un estudiante.

La cuarta ley, la SB-68, es para que los estudiantes indocumentados en colegios comunitarios y otros programas sean elegibles para recibir ayuda financiera. Además, esta ley permitirá que más estudiantes puedan ser transferidos a planteles del sistema de universidades de California como UC y Cal State.

La quinta y última ley es la SB-257 Permite que los niños de 6 a 18 años continúen estudiando en escuelas públicas de California a pesar de no ser residentes en  el país. Lo que quiere decir que no es necesario el comprobante del domicilio siempre y cuando logren demostrar que uno de sus padres fue deportado. En algunos casos el estado se hará cargo de cumplir los gastos del estudiante como alimentos y transporte.

Todas estas leyes comenzarán a regir a partir del primero de enero del 2018.

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